Tres de los futuros redactores de la nueva Constitución, Martín Arrau, Luis Mayol y Harry Jurgensen, nos contaron brevemente su perspectiva del plano agrícola de cara a la nueva Carta Magna que regirá el país, y cómo la abordarán en la Convención Constituyente que comienza a trabajar en julio del presente año.

MARTÍN ARRAU / Región de Ñuble / Ingeniero civil de industrias y agricultor

“Mis compromisos en la campaña fueron tres: fomentar el empleo, la seguridad y un Estado más eficiente con menos políticos. Son cosas bastante básicas, pero que a veces al mundo político se les olvidan y dedican su tiempo a temas que no le mueven la aguja a nadie. En el campo todo es a largo plazo, lo que necesitamos es precisamente eso, que se pueda trabajar, arriesgar e invertir con tranquilidad para que haya pega y desarrollo. Que las personas tengan seguridad y esto no se parezca a las películas del lejano oeste como ya es en una gran área de Chile. Cuando decimos un Estado eficiente, lo que queremos es que la gran cantidad de recursos que tiene el Estado, a cuenta de los impuestos como el IVA que pagamos todos, se focalicen en temas importantes, caminos, agua potable, educación y salud, por ejemplo, con menos funcionarios y camionetas fiscales dando vueltas y haciendo reuniones y más obras.

El tema (de derechos de agua) debe abordarse desde la realidad y no desde los slogans instalados en la ciudad. Lo real es que Chile tiene múltiples realidades hídricas, desde el desierto más seco del mundo, hasta los hielos del sur; lo real es que en nuestra zona el 85% del agua se vierte en el mar; lo real es que Chile tienen 9 veces más agua por habitante que el promedio mundial; lo real es que se reparte agua en camión aljibe en el campo porque no se han hecho las obras y no por un problema de Derechos; lo real es que la variación climática nos tiene con menos agua y Chile no tiene una política real de obras hidráulicas; y lo real es que sin agua no hay alimentos ni pega en el campo. Sin certeza de que el campo va a tener agua, no hay desarrollo posible. Desde el punto de vista constitucional, creo que debe elevarse a rango constitucional el agua como bien nacional de uso público”.

LUIS MAYOL / Región de la Araucanía / Abogado y dirigente gremial

“En el sector agrícola, tenemos varios puntos super claros que vamos a defender: el derecho a propiedad en todos sus aspectos; el derecho a propiedad sobre el derecho a aprovechamiento de agua, donde la agricultura necesita certeza jurídica fundamentalmente en esos dos aspectos, en los alimentos. La producción agrícola necesita esos dos elementos: tierra y agua. Son inversiones altas las que se realizan, generalmente a mediano y largo plazo.

También hay que defender y proponer: trato claro y transparente y el apoyo a lo que son las pymes, la iniciativa privada y el emprendimiento. El mundo agrícola es emprendedor y es fundamental que se defiendan a las pymes.

Además, un libre comercio tanto interno como de exportación, claves para el negocio agrícola.

Para todo esto necesitamos un aparato estatal más ágil, menos burocrático, y que tenga herramientas para apoyar y fomentar las actividades tanto productivas como de emprendimiento de los medianos y pequeños agricultores.

Y finalmente, asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho, orden y seguridad principalmente en La Araucanía”.

HARRY JURGENSEN / Región de Los Lagos / Empresario y político

“Creo que el mundo rural, las tradiciones del campo deben consagrarse de alguna forma en la nueva Constitución, puesto que desde el mundo rural se hace nuestra chilenidad, desde el mundo rural está la inspiración para nuestra cultura, para nuestro folclore, para nuestros artistas en general. El campo debe tener una calidad de vida similar a la que ocurre en las zonas urbanas y, por lo mismo, debe tener los servicios básicos necesarios, donde la educación y la salud también deben estar presentes.

El agua es un bien de uso público nacional, y así debe ser considerado en la Constitución. Hoy día no se consagra aquello y debe estar claramente definido para evitar interpretaciones, en sentido de que el agua tiene que estar disponible para el consumo humano, para la vida humana, para las necesidades de la vida de las personas y siempre tiene que estar en primera prioridad. El agua debe ser administrada por el Estado, por supuesto, y tal vez se requieren algunas modificaciones en el proceso del otorgamiento y Derecho de aguas.

También es necesario mantener las concesiones de agua, en función de proyectos productivos que generen riqueza al país, que generen valor, que generen trabajo. Que no exista el Derecho de agua mercantilizado, es decir, que existan personas o instituciones que se dediquen a obtener Derecho de agua con el afán de comercializarlo. El Derecho de agua debe estar relacionado al consumo de la persona, donde el agua potable rural debe ser una concepción permanente, pero también debe estar considerado y disponible para la producción de la industria nacional”.


Nuevamente se pronostica un invierno seco en la zona centro sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile anunció un invierno con menos precipitaciones que lo normal entre Valparaíso y La Araucanía.

Partimos el año con el enero más lluvioso en los últimos 50 años; el fin del Fenómeno de La Niña nos anunció más precipitaciones, la Dirección General de Aguas (DGA) informó que el Salto El Laja registró su mayor nivel en los últimos 15 años; y junio comenzó con un fuerte temporal en el sur del país. El panorama es auspicioso y todo parece indicar que podríamos tener un año lluvioso y poner fin a la sequía, sin embargo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señala lo contario.

El pronóstico estacional de la DMC para el invierno 2021, es decir, los meses de junio, julio y agosto, anuncia que se mantendría la sequía, con menos lluvia que lo considerado normal: “se presentará una condición bajo lo normal entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía”.

Junio es el mes que da inicio al invierno meteorológico e, históricamente, es en el que más llueve en el año como promedio nacional. El otoño meteorológico terminó el 31 de mayo y aunque comenzó con superávit, terminó como el 14° más seco registrado en la región Metropolitana desde 1950.

Según cifras de la DMC, el déficit acumulado entre enero y mayo llega al 64% en la región de Valparaíso, 42% en la región Metropolitana y 36% en Chillán. Sin considerar las lluvias de junio, el déficit en Valdivia era del 43% y 56% en Osorno.


Comienza a sesionar el Consejo Nacional de Desarrollo Rural

El jueves 17 de junio se realizó la primera sesión del Consejo Nacional Asesor de Desarrollo Rural, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga.

El consejo tiene carácter consultivo y propositivo y está compuesto por 30 miembros del mundo público, privado y de la sociedad civil, entre ellos María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte. Durante 2021 ellos tendrán la misión de: conocer y validar la primera propuesta del Sistema de 52 Indicadores de Calidad de Vida Rural, colaborar en el proceso de diseño de un Plan Nacional de Desarrollo Rural al 2050 y establecer sus normas de funcionamiento interno.

Durante la primera sesión el Presidente Sebastián Piñera dijo: “Lo que queremos es igualdad de oportunidades y por tanto quisiéramos que esta política conduzca a que la calidad de vida en el mundo rural y urbano se igualen”. Por su parte la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga agradeció la presencia del Presidente en esta primera sesión y destacó la importancia de colaborar y trabajar en conjunto para potenciar a las 263 comunas que conforman el mundo rural: “Este es un trabajo colaborativo que requiere el trabajo de cada uno de nosotros porque la base de esta política es, no solo enfrentar las brechas, sino que relevar el valor de lo que ocurre en el mundo rural”. Fuente: Odepa.


Renta presunta en la mira

Múltiples han sido los anuncios de posibles reformas tributarias que se han manifestado en el último tiempo, entre ellas, las que incluyen eliminar algunas exenciones tributarias, como la renta presunta, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la postura de la SNA al respecto? Manuel Ignacio Hertz, el nuevo fiscal de la SNA nos cuenta.

Qué es la renta presunta:

Dentro del impuesto de primera categoría, es decir, el impuesto por las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras, según señala Manuel Ignacio Hertz, hasta hace algunos años, la ley establecía que: “Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título, se presume de derecho que la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios”.

Es decir, la ley autorizaba que los determinados agricultores pudieran pagar su impuesto a la renta sobre la base de la renta de su predio, la que se presumía era de un 10% del avalúo fiscal del mismo, en el caso de los propietarios o usufructuarios.

Por distintas razones, entre ellas una distorsión de su uso por parte de algunos contribuyentes, en la reforma tributaria del año 2014 se modificó este régimen, como afirma Hertz “aumentándose los requisitos para poder acogerse o mantenerse en este sistema de tributación por renta presunta, bajando el monto máximo de las ventas anuales (de 8.000 UTM a UF 9.000), dejando fuera a algunos contribuyentes por su estructura social, aumentando y haciendo más exigentes las normas de relación, etc.”

Nuevas modificaciones:

Actualmente, la alternativa del régimen de la renta presunta para los predios agrícolas con ventas anuales menores a UF 9.000 sigue estando en discusión, por un lado, están quienes quieren eliminar este tipo de régimen tributario y que el impuesto sea por las ganancias efectivas de la explotación del predio agrícola y por otra parte, quienes sostienen la conveniencia de mantener la renta presunta para los pequeños agricultores.

Para el fiscal de la SNA, Manuel Ignacio Hertz, el tema no es de blancos o negros. “Es un sistema que tiene aspectos muy positivos para los pequeños agricultores, es una forma bastante simple para poder funcionar tributariamente. Sin embargo, también tiene aspectos controvertidos, como el hecho de no tener la obligación de incorporar contablemente todos costos y gastos, y que, frente a distintos actores de la discusión pública, sigue siendo un sistema que se utilizaría con el fin de pagar menos impuestos. Frente al panorama de eventuales modificaciones, creo que debemos estar abiertos a la revisión del sistema de renta presunta, dando cuenta de a quienes realmente beneficia, y en caso de que se concreten cambios, que se busquen las mejores alternativas de regímenes simplificados para quienes no puedan acceder o permanecer en este sistema”, asegura Hertz.

“Como SNA nos preocupa que se paguen los impuestos que se deben pagar”, agrega el fiscal del gremio de los agricultores, concluyendo que efectivamente el foco es que los pequeños agricultores no se vean perjudicados.

Renta presunta en la práctica

Francisco Gana, jefe del Departamentos de Estudios de la SNA complementa la información sobre renta presunta:

  • Las empresas del agro que tienen renta presunta han disminuido los últimos años, pasando de un 53% en 2005 a un 36% en 2019.
  • La razón de la caída mayormente se debe a los cambios en las normas de relación. En caso de que las empresas estén relacionadas (hasta 10% de participación) se les debe sumar sus ventas, considerando también cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Por ello, muchas empresas que cumplen con los límites de venta no logran entrar a esta categoría, siendo cada vez más difícil quedarse en ella.
  • Es importante destacar que, hay empresas en renta presunta que son medianas. Las cuales fueron pequeñas pero debido a que superaron el límite de ventas, deberán salir del régimen cuando se realice una nueva contabilidad.
  • Actualmente existen 99.250 empresas del sector agrícola de las cuales hay 35.800 están bajo el régimen de renta presunta: microempresas (48%), pequeñas (23%) y medianas (3%).